Este año pasará a la historia como el de la más fuerte crisis que debió enfrentar el Gobierno de Piñera. Le ha tocado duro al Ejecutivo, es cierto: que los paros estudiantiles a los que se suma la CUT y el Colegio de Profesores, un par de alzamientos huelguistas en Codelco, cambios ministeriales con enroques parlamentarios y sillitas musicales que otrora tanto criticó la actual administración, en fin. El panorama gubernamental día a día ha ido tomando un tono más bien nebuloso.
Ante este panorama, no queda más que echar pie al programa de gobierno e intentar repuntar de alguna manera en la percepción que la ciudadanía tiene respecto a Sebastián Piñera y su rol como Presidente. En esta lógica, la de fomentar el cumplimiento de aquellas promesas de campaña que le otorgaron el apoyo popular, es que “la nueva forma de gobernar” impulsó un trascendental y polémico Proyecto de Ley que busca regular las uniones de hecho entre parejas hetero y homosexuales.
Hasta ahí, todo bien. La iniciativa resultó ser absolutamente innovadora, rupturista e incluso progresista (viéndola desde el punto de vista más dogmático-fundamentalista); bien por el aporte. Como no todo lo que brilla es oro, la polémica surgió de inmediato: los grupos más conservadores de la Derecha no hicieron esperar su repudio y su acérrima oposición al escrito que busca normar el vínculo entre hombres y mujeres que desafían las leyes de Dios. Menos uno para Piñera y compañía.
A pesar de las primeras críticas que emanaban desde la misma alianza, el proyecto tuvo amplia acogida dentro de diversos movimientos pro derechos de minorías sexuales y a fines. Sin embargo, las voces disidentes no se hicieron esperar y, desenmarcándose del irrestricto apoyo del Movilh, el colectivo Acción Gay, fue enfático en desmembrar esta falsa apariencia de inclusión e integración; considerando incluso que se está frente a la legalización de la discriminación.
Es que claro, cómo no considerar ello, si en realidad la iniciativa gubernamental lo que hace es regular un vínculo hasta ahora no legal, pero de manera disímil con el contrato que se suscribe con el matrimonio; en otras palabras, se establece legalmente una institución de segundo orden, por debajo de la ya establecida.
No es mi intención echar por la borda este escueto avance, pero es importante dejar en claro que si bien es lo que más se ha hecho legalmente en materia de integración a las minorías sexuales, es cierto que esta nueva normativa no logra derribar el estigma de la exclusión, de hecho, siendo francos, lo institucionaliza: no existe (entre otras garantías) un contrato equivalente al de matrimonio, sino un advenimiento notarial; dejando entonces a los “adquirientes” de este vínculo por debajo de los “cónyuges” en el caso del matrimonio; además, quienes suscriban al AVP, no cambian su estado civil, por lo cual continúan siendo soletas y solteros incluso habiendo normado su unión de pareja.
Entonces, ante tal escenario de tratos poco claros y evidentes dobles intenciones, no queda más que reflexionar respecto a si el bullado Acuerdo de Vida en Pareja es en realidad una oportunidad para la inclusión o, por el contrario, resulta ser una normativa para institucionalizar la discriminación.
Y usted, ¿qué opina?
Ante este panorama, no queda más que echar pie al programa de gobierno e intentar repuntar de alguna manera en la percepción que la ciudadanía tiene respecto a Sebastián Piñera y su rol como Presidente. En esta lógica, la de fomentar el cumplimiento de aquellas promesas de campaña que le otorgaron el apoyo popular, es que “la nueva forma de gobernar” impulsó un trascendental y polémico Proyecto de Ley que busca regular las uniones de hecho entre parejas hetero y homosexuales.
Hasta ahí, todo bien. La iniciativa resultó ser absolutamente innovadora, rupturista e incluso progresista (viéndola desde el punto de vista más dogmático-fundamentalista); bien por el aporte. Como no todo lo que brilla es oro, la polémica surgió de inmediato: los grupos más conservadores de la Derecha no hicieron esperar su repudio y su acérrima oposición al escrito que busca normar el vínculo entre hombres y mujeres que desafían las leyes de Dios. Menos uno para Piñera y compañía.
A pesar de las primeras críticas que emanaban desde la misma alianza, el proyecto tuvo amplia acogida dentro de diversos movimientos pro derechos de minorías sexuales y a fines. Sin embargo, las voces disidentes no se hicieron esperar y, desenmarcándose del irrestricto apoyo del Movilh, el colectivo Acción Gay, fue enfático en desmembrar esta falsa apariencia de inclusión e integración; considerando incluso que se está frente a la legalización de la discriminación.
Es que claro, cómo no considerar ello, si en realidad la iniciativa gubernamental lo que hace es regular un vínculo hasta ahora no legal, pero de manera disímil con el contrato que se suscribe con el matrimonio; en otras palabras, se establece legalmente una institución de segundo orden, por debajo de la ya establecida.
No es mi intención echar por la borda este escueto avance, pero es importante dejar en claro que si bien es lo que más se ha hecho legalmente en materia de integración a las minorías sexuales, es cierto que esta nueva normativa no logra derribar el estigma de la exclusión, de hecho, siendo francos, lo institucionaliza: no existe (entre otras garantías) un contrato equivalente al de matrimonio, sino un advenimiento notarial; dejando entonces a los “adquirientes” de este vínculo por debajo de los “cónyuges” en el caso del matrimonio; además, quienes suscriban al AVP, no cambian su estado civil, por lo cual continúan siendo soletas y solteros incluso habiendo normado su unión de pareja.
Entonces, ante tal escenario de tratos poco claros y evidentes dobles intenciones, no queda más que reflexionar respecto a si el bullado Acuerdo de Vida en Pareja es en realidad una oportunidad para la inclusión o, por el contrario, resulta ser una normativa para institucionalizar la discriminación.
Y usted, ¿qué opina?
